Sin embargo, su gasto en nuevas inversiones y renovación de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” se elevará desde los 173.670 euros consignados para 2012 hasta los 3,26 millones previstos para gastar en 2013. Toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno central.
Y esto no acaba aquí. De hecho, el plan quinquenal –tal y como
suena, quinquenal- de gasto en antidisturbios previsto se dispara de los
759.330 euros con los que se iban a cubrir los gastos de los cinco años
comprendidos entre 2011 y 2015, hasta los 10,02 millones de euros que
dedicaremos a estos menesteres entre 2012 y 2016.
Este incremento exponencial es cuando menos sorprendente. De un lado,
contraviene las modernas tendencias en seguridad democrática, basadas
en la educación, la responsabilidad, la justicia social y la prevención,
a la que no se dedica ni un euro. Nada de nada para la formación en
derechos humanos, la prevención de las drogodependencias o la educación
social en las zonas especialmente castigadas por la exclusión social.
Y de otro lado, no tiene nada que ver con ninguna de las recientes
recomendaciones efectuadas por el Comité Europeo para la Prevención de
la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Tampoco
recoge ninguna de las demandas ciudadanas propuestas por las 46
entidades cívicas, profesionales y universitarias que constituyen la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y cuyo leitmotiv
es vigilar que se cumpla por el Estado español lo dispuesto en el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Sin embargo,
el análisis de los últimos tiempos arroja rotundas conclusiones en
sentido contrario: hay más personas denunciantes de vulneraciones de sus
derechos, crece el número de situaciones de riesgo y violaciones de los
derechos humanos básicos, se incrementa el índice de denuncias por cada
100.000 habitantes (ya estamos en 1,85 denuncias/año) y las
movilizaciones sociales se convierten en el ámbito de mayor
vulnerabilidad (591 denuncias en 2012).
Bingo. Aquí parece estar el quid de la cuestión. Gastar más en material represivo está justificado para liquidar la protesta social.
Esto ya nos suena. Los nuevos movimientos sociales, las constantes
manifestaciones públicas y el descontento ciudadano ya han sido
atendidas por parte del Gobierno central, que las tiene muy en cuenta. Y
vaya si han destinado recursos: un 1780% más. Ahora bien, para
reprimirlas. Ni indignados, ni mareas, ni plataformas, ni sindicatos:
gastos en antidisturbios. Se compra más material policial con lo que
pagan de impuestos y listos para lo que venga, que seguro que a palos es
como mejor se arregla.
Sin duda estamos entrando en una dinámica donde crece el Estado
policial a costa del Estado social. A nivel municipal ya teníamos el
caso de Sevilla, donde el Gobierno municipal ha creado una Brigada
Antidisturbios (a pesar de ser esta materia competencia del Cuerpo
Nacional de Policía) y aprobó y pagó a finales del año pasado un plan
especial de productividad sin importar lo más mínimo los recortes
salariales y de derechos al resto de funcionarios municipales. En esto,
el alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Zoido, fue un
visionario. Ahora el ministro Fernández sigue su senda. Nos falta por
ver el proyecto de nuevo Código Penal que nos está preparando Gallardón.
Seguro que aburren hasta al mítico grupo punk Eskorbuto que hace años nos lo anticiparon con su: “Mucha policía, poca diversión”. ¡Qué razón llevaban!
Comentarios
Publicar un comentario