(Reportaje ESPECIAL) Honduras entre las ruinas del pasado reciente y la esperanza del futuro.Giorgio Trucchi ( Que solo se hara realidad cuando lxs trabajadorxs y el pueblo ostenten el poder)
4° aniversario del golpe. No hay nada que celebrar, pero sí mucho que recordar, para nunca olvidar
Durante este período, Honduras se ha hundido en una crisis política,
económica, social y de seguridad sin precedentes, con un fuerte repunte
de los niveles de pobreza, una creciente militarización de la sociedad y
un acelerado desmoronamiento de las instituciones y poderes del Estado.
Mientras tanto, los grupos de poder emergentes y aquellos que
orquestaron y ejecutaron el golpe han iniciado una lucha interna, para
reacomodarse y conquistar espacios en vista del inminente proceso
electoral del próximo noviembre.
Un proceso electoral que, por primera vez en más de 100 años, será
caracterizado por la ruptura del bipartidismo clásico, cuya crisis se ha
acelerado por la creación y participación de un movimiento de base
amplio y polifacético y una fuerza política nueva y pujante, cuyas
raíces están hondamente enterradas en la lucha contra el golpe de
Estado.
En este sentido, el pueblo hondureño se debate entre una crisis
estructural de la sociedad, agigantada hoy por los efectos nefastos que
ha dejado la ruptura del orden constitucional, y una lucha de
resistencia política y social organizada que genera esperanza para el
futuro.
“Han sido 4 años caracterizados por la profundización del proceso de
resquebrajamiento institucional del Estado, tanto en términos de
seguridad, educación, salud y servicios básicos, como de crisis profunda
de la política y la justicia”, dijo a Opera Mundi, el sociólogo y
analista político, Eugenio Sosa.
Violencia e impunidad
De acuerdo con datos de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito), Honduras alcanzó en 2012 la mayor tasa de
homicidios del mundo (86 por cada 100 mil habitantes), es decir casi 10
veces el promedio mundial de 8.8 homicidios. La OMS (Organización
Mundial de la Salud) califica de “epidemia” la tasa que supera los 10
homicidios por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional
Autónoma de Honduras) calcula un promedio de casi 20 personas asesinadas
a diario durante ese mismo año. El Ministerio Público (MP) reconoce que
solamente 20 de cada 100 casos de asesinato son investigados y es
infinitesimalmente baja la cantidad de los que se judicializan y
terminan con una condena.
En abril pasado, el Congreso Nacional nombró una Comisión
Interventora del Ministerio Público, con el objetivo, entre otros, de
realizar un diagnóstico integral de la institución y desarrollar e
implementar una evaluación y depuración de todas sus estructuras. Como
resultado del diagnóstico, la Comisión iba a proceder a contratar,
nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal del MP.
Si bien el nombramiento de esta Comisión fue criticado y hasta
tachado de ilegal por la forma en que se llevó a cabo, sus miembros
siguen investigando y han logrado una prórroga de su mandato que era de
60 días.
“En el país la impunidad es total y el sistema judicial funciona bien
sólo para los victimarios, para los que cometieron el golpe, mientras
está absolutamente en contra de las víctimas”, asegura el periodista y
comunicador social Félix Molina.
Según él, durante estos cuatro años no ha habido sentencias
ejemplarizantes que reivindiquen moralmente a las víctimas. “No hay una
justicia percibida, y cuando la ciudadanía no percibe la justicia,
también tiene dificultad para percibir al Estado”, dijo.
Cuando se habla de violencia e impunidad resulta emblemático el caso
de la región del Bajo Aguán, al noreste del país. Ahí, el conflicto
agrario que se ha originado por la expansión del monocultivo de palma
africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias
campesinas, ha dejado un saldo de no menos 60 campesinos organizados
asesinados después del golpe. “Hasta la fecha, ninguno de estos casos ha
sido investigado, ni los responsables han sido asegurados a la
justicia. La impunidad es total”, apunta Bertha Oliva, coordinadora del
COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
Durante dos meses, la Comisión Interventora del MP investigó todo
acto realizado por cualquier miembro de la institución y después de
varios cambios internos, rotaciones de personal y no renovación de
contratos, hace dos semanas presentó un informe preliminar ante el
Congreso Nacional. En ese informe los integrantes de la Comisión
señalaron las graves anomalías cometidas por las autoridades del MP y
emprendieron los primeros pasos
para acusar de abuso de autoridad y violación a deberes públicos al
Fiscal general, Luis Rubí, y al Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.
Como consecuencia inmediata de este informe, la Comisión de Seguridad
del Congreso Nacional recomendó ayer (25/6) separar de su cargo a los
dos funcionarios por medio del juicio político. En su informe
preliminar, la Comisión del Congreso señala que los fiscales cometieron
“incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones", y
que
no ejercieron la acción penal pública en distintos casos “causando con
ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.
Además, la Comisión del Congreso recomendó al plenario "iniciar la
pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que
le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que
le establece y demás legislación nacional". Ante la fuerte presión
generada en los últimos meses, en la noche de este 25 de junio, Luis
Rubí y Roy Urtecho presentaron su renuncia.
Sin embargo, la ex directora de Asuntos Internos de la Policía
Nacional, María Luisa Borjas, aseguró a Opera Mundi que la grave crisis
de esta institución y del conjunto de órganos encargados de procurar y
administrar la justicia aún está lejos de terminar.
Depuración y remilitarización
El nivel de violencia e impunidad en la sociedad hondureña es
directamente proporcional al grado de corrupción e infiltración del
crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones y poderes del
Estado, incluyendo a los órganos de seguridad pública.
Ante esta situación, el presidente Porfirio Lobo, con el apoyo del
Parlamento donde goza de amplia mayoría, lanzó una ofensiva contra el
crimen, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, los resultados han
sido muy escasos.
En junio del año pasado, se aprobó el decreto de emergencia 89-2012,
para iniciar un proceso de depuración policial, durante el cual la
recién conformada DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial) iba a aplicar pruebas de confianza integrales -
poligráfica, toxicológica, psicométrica y socieconómicas - a los
oficiales de polícia.
De acuerdo con las declaraciones ante el Congreso Nacional del
director de la DIECP, Eduardo Villanueva, durante los casi trece meses
del proceso de depuración se aplicó un total de 774 pruebas de
polígrafo, resultando un total de 230 requerimientos de despido de
policías a la Secretaría de Seguridad. De esta cantidad, 33 se
convirtieron en órdenes de separación y sólo 7 fueron ejecutados, de un
total de casi 14 mil miembros que tiene la institución policial.
“¿Cómo es posible que los oficiales que salieron reprobados en las
pruebas de confianza no sólo no fueron separados del cargo, sino que
fueron ascendidos al grado inmediato superior o están ostentando cargos
de dirección? ¿De qué depuración estamos hablando, entonces?”, se
preguntó la ex comisionada Borjas.
Para ella, es evidente que se pretende hacer creer al pueblo que
realmente se quiere sanar la institución policial, “pero sus actos
demuestran lo contrario”. Cita varios ejemplos, entre ellos los del ex
vocero del Ministerio de Seguridad, comisionado Iván Mejía Velásquez, y
del director general de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares.
Mejía Velásquez tiene un auto de prisión para violación a los
derechos humanos, abuso de autoridad y lesiones, mientras el “Tigre”
Bonilla, como le dicen aquí, fue investigado por haber perpetrado tres
asesinatos extrajudiciales y por estar relacionado con varios casos de
secuestro y desapariciones. Ambos continúan desempeñando altos cargos en
la institución.
“Deberían estar suspendidos y hasta presos, sin embargo Mejía
Velásquez acaba de ser ascendido al cargo de director de la Policía
Preventiva, mientras que Bonilla Valladares ostenta el rango más alto en
la institución”, explicó.
Borjas estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos cuando, en
2002, se investigó a Juan Carlos Bonilla. “Lo estábamos investigando por
13 casos de violaciones graves, incluyendo a ejecuciones sumarias de
jóvenes y supuestos pandilleros, pero solamente logramos llevar uno ante
la Fiscalía, porque ya no nos dejaron continuar”.
La ex comisionada relató a Opera Mundi que fue separada del cargo en
2003, por el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez . “Nos
quitaron la logística, despidieron a mis colaboradores y a los
investigadores y finalmente, cerraron la Unidad. Sin embargo, la
Fiscalía logró judicializar el caso y el juez emitió orden de captura
contra Bonilla Valladares y sus tres acompañantes: Carlos Arnoldo Mejía
López, José Ventura Flores Maradiaga y Juan José Zavala Velásquez”,
explicó.
Hoy día, los cuatro oficiales siguen ostentando altos cargos en la
institución, gracias a una absolución derivada de un “acuerdo
extrajudicial” que en 2004 firmaron el ministro Álvarez y la entonces
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. “Bonilla
Valladares les sirve para hacer ‘limpieza social’ en todo el país. Esto
demuestra que no hay una verdadera voluntad de hacer una depuración,
sino temor para actuar y hasta colusión de políticos, fiscales y jueces
en actos, tanto de delincuencia común como organizada”, concluyó Borjas.
Además, ese proceso de aparente combate contra el crimen y la
impunidad se ha caracterizado por una creciente militarización del país.
“Las Fuerzas Armadas están cada día más involucradas en tareas de
seguridad y tienen más poder. Se han creado nuevas fuerzas especiales,
fuerzas de élite y fuerzas de tarea conjuntas. No hay duda de que,
detrás de todo este proceso de remilitarización y de cambio de
autoridades de Seguridad, están los Estados Unidos y su proyecto
hegemónico en la región”, aseguró el académico Eugenio Sosa.
Proyecto hegemónico
Para el año fiscal 2014, Estados Unidos prevé una ligera disminución
de los fondos destinados a la “lucha contra la droga” en México y
Colombia, a cambio de un aumento para la CARSI (Iniciativa Regional de
Seguridad para América Central), para la cual el Departamento de Estado
solicitó 162 millones de dólares, es decir 26 millones por encima del
presupuesto de 2012. Si bien no es fácil conocer exáctamente qué
cantidad de recursos llegará a Honduras a través de diferentes vías y
programas, es lógico pensar que ese país gozará de una atención
privilegiada.
Recientemente, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la creación de
mil nuevas plazas para soldados del Ejército y la conformación del
cuerpo élite Tigres (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta
Especial). “Se quiere hacer crecer el poderío militar a costillas de la
seguridad pública. Hay una intención manifiesta de cerrar la Policía y
que el instituto castrense maneje el tema de seguridad pública”, declaró
a medios nacionales el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.
Durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país
de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis
económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde
el golpe de Estado, a las repetidas denuncias de corrupción, violación a
los derechos humanos y colusión con el crimen organizado dirigidas a la
Policía Nacional, y al fracaso del proceso de depuración policial,
Estados Unidos sigue aportando fondos para continuar con sus programas.
En declaraciones a Opera Mundi, la directora del Programa de las
Américas del CPI (Centro para la Política Internacional), Laura Carlsen,
sostuvo que Estados Unidos “quiere tener más control sobre las
estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre
todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han
instalado en América Latina. En este sentido - continuó – Estados Unidos
busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una
amenaza contra su hegemonía tradicional en la región”, dijo.
Según Félix Molina, ya se estarían viendo varios señales que muestran
la progresividad de dicha intervención en el escenario hondureño. “Se
inició con la firma de un intercambio de inteligencia y de experiencias
entre el régimen de Porfirio Lobo y Colombia y después vino la
autorización para crear nuevas bases militares de Estados Unidos en La
Mosquitia y el Caribe. Asimismo, estamos asistiendo a la llegada de
altos funcionarios del Departamento de Estado y a la intervención
directa en el proceso de evaluación del Ministerio Público, de
depuración de la Policía y de creación de varias leyes”, asegura el
periodista.
Entre las leyes cuestionadas, Molina citó, entre otras, la Ley
Antiterrorista, la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, la
Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Extradición para Hondureños.
En marzo pasado, el subsecretario adjunto de Estado de la Oficina
Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, informó sobre la
aprobación de un financiamiento de 16.3 millones de dolares para crear
una fuerza de tarea policial para combatir los crímenes más graves.
Mantener a Honduras en las primeras planas de periódicos y noticieros
como el país más violento del mundo y como un Estado fallido sería,
entonces, parte de la estrategia norteamericana para justificar una
posible intervención de hecho. “Estados Unidos maneja un doble discurso
para garantizar sus objetivos y prioridades estratégicas. Estamos viendo
un incremento de su presencia y de sus bases militares en la región,
así como de sus proyectos sociales y de cooperación, que ocultan sus
verdaderos intereses”, dijo Borjas.
Un protagonismo, en apariencia silencioso y sutil pero muy efectivo
en la práctica, que según Molina busca fortalecer institucionalmente el
aparato de Seguridad de Honduras, pero que en realidad “apunta a
fortalecer al Ejército, es decir el aparato que monopoliza la violencia
en el Estado hondureño, y a garantizar su control hegemónico”.
Recientemente, 21 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al
Secretario de Estado, John Kerry, señalando como un “fracaso
decepcionante” el proceso de depuración. Asimismo, exigieron “una
rendición de cuenta” de los fondos desembolsados por Estados Unidos y
destinados al Ejército y la Policía hondureña. “Debemos asegurarnos de
que fondos estadounidenses no estén permitiendo violaciones
desenfrenadas de los derechos humanos, incluso por miembros de las
fuerzas de seguridad de Honduras que actúan amparados por la impunidad",
señala la carta.
Desastre económico
Según el Observatorio del mercado laboral del Ministerio del Trabajo,
en 2012 el 67% de la población - 5.5 millones de personas - estaba en
pobreza, de los cuales 3.8 millones en pobreza extrema. Datos del FOSDEH
(Foro Social de la Deuda Externa de Honduras) evidencian que del 2009
al 2012, la cantidad de pobres ha incrementado de 2.1 millones.
La actual crisis económica de Honduras es producto de la combinación
de dos elementos: la crisis financiera mundial y el golpe de Estado de
2009. Actualmente, la deuda total, calculada en casi unos 14 mil
millones de dólares, ha superado el 70% del PIB (Producto Interno
Bruto), el déficit fiscal ha alcanzado el 6%, mientras el 63% de los
asalariados y el 80% de quienes trabajan por cuenta propia, ganan por
debajo del salario mínimo y del equivalente de la canasta básica.
Raf Flores, subcoordinador del FOSDEH, estima que durante los últimos
años, “por cada 100 personas en que ha crecido la población, 145 han
entrado en pobreza, y los programas gubernamentales para la reducción de
la pobreza no están tocando los factores determinantes que la
originan”. Además, hay varios sectores de clase medio-baja que ya han
caido en condiciones de pobreza, mientras la tasa de desempleo y
subempleo ha alcanzado casi el 80%.
“La situación no sólo es muy complicada, sino que tampoco vemos que
el gobierno tenga una visión estratégica integral de cómo enfrentar esta
problemática, para generar crecimiento y, a la vez, disminuir la brecha
de rezago y exclusión social que ha venido ampliándose, y que se
manifiesta con mayor migración, pobreza e inseguridad social”, dijo
Flores a Opera Mundi.
Según el economista, la principal actividad económica que ha
mantenido un fuerte crecimiento es la financiera. Esto se debe a la
emisión de grandes cantidades de bonos soberanos de corto plazo y con
alta tasa de interés. “El negocio para el sistema financiero en
prestarle al Estado y recibir tasas de interés que se acerca al 15%
anual. El mercado está tan saturado que el Banco Central está admitiendo
que parte del encaje legal de los bancos sea en bonos soberano,
garantizándoles un doble interés y una doble ganancia”, explicó.
Durante los primeros meses del golpe, el gobierno de facto de Roberto
Micheletti logró sobrevivir y aguantar económica y financiariamente a
costa del aumento desmedido del endeudamiento público. Principales
receptores de los bonos soberanos fueron justamente los sectores y
grupos financieros que apoyaron el golpe y que, hoy, siguen endeudando
al país.
“Con esta situación se está ampliando la brecha en el poder
adquisitivo de las personas. El costo de la canasta básica se ha ido
incrementando, pero el ingreso de salarios no ha compensado este
aumento, empeorando la curva de pobreza”, dijo Flores.
El rubro que genera más divisa al país son las remesas familiares,
que el año pasado han alcanzado los 3 mil millones de dólares. Por el
contrario, ha habido una fuerte contracción del sector productivo,
agrícola e industrial, y de la construcción. Ese último, que
historícamente ha encabezado la generación de puestos de trabajo en
Honduras, no sólo no se ha podido recuperar de la crisis originada por
el golpe, sino que se ha transformado en ámbito privilegiado para el
repunte del lavado de dinero.
“Los elementos de inestabilidad político-económica derivados de la
crisis de 2009 todavía persisten, así como se acrecentaron los elementos
de ingobernabilidad. El gobierno se ha lanzado en medidas
extemporáneas que no han resuelto el problema, profundizando el proceso
de privatización o concesionamiento de bienes públicos”, explicó Flores.
En efecto, en la mira de la COALIANZA (Comisión para la Promoción de
la Alianza Público-Privada) están las carreteras, los puertos, las
telecomunicaciones, así como la energía eléctrica, acueductos y
alcantarillado, los principales recursos naturales para el desarrollo de
megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y hasta el propio territorio
con la aprobación de las reformas y las leyes que impulsan las Regiones
Especiales para el Desarrollo (RED), mejor conocidas como ciudades
modelo.
“Son procesos muy poco transparentes, cuyo costo en términos de
reducción de entradas fiscales se desconoce. La inversión pública está
desapareciendo, en cuanto casi el 50% de las entradas tributarias se van
entre el servicio de la deuda y el gasto de salarios. Gane quien gane
el próximo noviembre, encontrará un país muy complicado y deberá atacar
los factores determinantes de la inmovilidad, exclusión e inequidad
social, estableciendo nuevas reglas del juego e impulsando un pacto y un
acuerdo económico y social serio en el país”, concluyó Flores.
Proceso electoral y derechos humanos
Ante un escenario electoral seguramente muy complicado y, al mismo
tiempo, estimulante, el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó
el pasado domingo (16/6) su Asamblea Nacional, ratificando los
resultados de las elecciones primarias del pasado noviembre y
adelantando puntos importantes de lo que sería su programa de gobierno.
“Sólo un año después de su conformación, Libre, un partido que se ha
formado y ha crecido en las calles con el pueblo, se ha convertido en la
primera fuerza política del país. Nuestra candidata de consenso Xiomara
Castro, ha sido la candidata presidencial más votada en toda la
historia del país”, dijo Enrique Flores Lanza, ex ministro de la
presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya y actual candidato a
diputado.
Según la última encuesta realizada en mayo por Cid Gallup, Castro
encabeza la lista de los siete candidatos que participarán en las
elecciones del 24 de noviembre con el 28% de las preferencias. Le siguen
el presentador de televisión Salvador Nasralla, del PAC (Partido
Anticorrupción) con el 21%, el actual presidente del Congreso, Juan
Orlando Hernández del PN (Partido Nacional) con el 18% y el candidato
del PL (Partido Liberal,, Mauricio Villeda con el 14%.
Durante su intervención ante miles de simpatizantes, Castro prometió
refundar a Honduras convocando a “un nuevo pacto social a través de una
Asamblea Nacional Constituyente originaria, incluyente y de profunda
participación popular”. De esa manera, pretende “iniciar un camino de
reconciliación y de transformación democrática y pacífica del país,
derogar las leyes neoliberales aprobadas después del golpe, devolver los
militares a sus cuarteles, acabar con la impunidad y reformar el entero
aparato de seguridad y justicia”.
Sin embargo, no previendo la legislación electoral hondureña una
segunda vuelta de balotaje, los resultados de la última encuesta de Cid
Gallup por un lado entregarían la presidencia a la ex Primera Dama,
pero, por el otro, determinarían una profunda división en el Congreso
Nacional y en la distribución de los gobiernos municipales.
“Nuestra candidata tiene 14 meses de estar creciendo de manera
ininterrumpida y ésto tiene con suma preocupación a la derecha y la
oligarquía golpista, y la está haciendo reaccionar”, señaló Flores
Lanza.
A ese propósito, Bertha Oliva manifestó fuerte preocupación ante una
previsible profundización de los ataques físicos contra miembros o
simpatizantes de Libre.
“Estamos ante una estructura muy bien organizada para crear terror y
la violación de los derechos humanos está aumentando a medida que se
acercan las elecciones. De las personas que estuvieron acompañando al ex
presidente Zelaya en la embajada de Brasil, ya son 8 las que fueron
asesinadas en menos de dos años”, dijo Oliva.
La coordinadora del COFADEH reveló que en estos primeros 6 meses del
año ha habido un fuerte aumento de la cantidad de denuncias presentadas
ante esta organización, en su mayoría de parte de miembros del partido
de Xiomara Castro y de la Resistencia en general.
Para ella, existiría “un verdadero odio colectivo de parte de la
gente que dio el golpe”, lo cual, sumado a la creciente militarización
de la seguridad pública y la proliferación de los cuerpos privados de
seguridad - se contabilizan más de 700 empresas de seguridad y unas 70
mil guardias privadas -, estarían llevando a Honduras hacia el caos.
“Si las encuestas continúan apuntando a una posible victoria de
Xiomara Castro, los sectores golpistas van a hacer cualquier cosa para
sembrar el caos y justificar una suspensión del proceso electoral”,
aseguró la defensora de derechos humanos.
Para Flores Lanza, las fuerzas aglutinadas en Libre no se están
enfrentando solamente al poder oligárquico nacional, “sino a los
intereses del imperio norteamericano y de toda la derecha internacional,
que actúa como una sola fuerza, al igual que en Venezuela durante las
últimas elecciones”, dijo.
Es por eso, que el nuevo partido está enfocado en la formación y
capacitación de sus cuadros y militantes para la defensa del voto. “La
fuerza del pueblo es lo único que puede derrotar estos intentos de los
partidos tradicionales y de la oligarquía de perpetuarse en el poder”,
concluyó.
Criminalización de la protesta
La violencia político-electoral se mezcla también con la
criminalización de la protesta social. Es ese el caso de Bertha Cáceres,
dirigente indígena del COPINH (Consejo de organizaciones populares e
indígenas de Honduras), quien el pasado 24 de mayo fue detenida
ilegalmente por efectivos del ejército y la policía, junto con el
comunicador social y miembro de la misma organización, Tomás Gómez,
mientras viajaban en vehículo hacia la zona de Río Blanco, donde desde
hace casi 3 meses las comunidades indígenas lencas están protestando y
deteniendo la ejecución del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Después del sobreseimiento provisional dictado por el tribunal de
Santa Bárbara, la Procuraduría de la República apeló la sentencia y
Cáceres deberá enfrentar otro juicio por los supuestos delitos de
posesión ilegal de armas y por estar atentando contra la seguridad del
Estado.
La lucha contra los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la
minería, la expansión de monocultivos, así como contra el
concesionamiento de recursos naturales y de territorios de parte de las
organizaciones sociales y populares que participaron activamente contra
el golpe de Estado, sigue siendo criminalizada.
“Se trata de un juicio político, a través del cual se pretende seguir
criminalizando la lucha histórica que el pueblo lenca está librando
contra el saqueo de recursos y territorios. Sin embargo, pueden
encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las
comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello
a su territorio ancestral”, dijo Cáceres.
La ex comisionada Borjas confirmó este análisis al declarar que los
policías que integrarán la Unidad Tigres ya están siendo entrenados en
tres unidades militares, en lo que es combate de baja intensidad y
contrainsurgencia. “Su función es la persecución de líderes sociales,
con la que se pretende desarticular a las organizaciones sociales. No es
más que la réplica del nefasto Batallón 3-16, que funcionó en los años
80 para perseguir, secuestrar, torturar y ejecutar a personas con
ideología diferente a la del gobierno y los grupos de poder. La
ciudadanía continúa en una situación de alto riesgo y de precariedad
extrema, pero seguimos trabajando para cambiar las cosas con propuestas
serias y concretas”, concluyó Borjas.
II
“Los sectores que dieron el golpe son torpes y están afuera de la historia”, dice ex ministro de Zelaya
Cuatro años después del golpe de Estado que derrocó al presidente
Manuel Zelaya Rosales, Honduras no ha podido recuperarse. Sin embargo,
algo que los sectores de la “oligarquía golpista” no habían previsto fue
la espontaneidad de la reacción popular, que desembocó en una masiva
protesta social en defensa de los derechos y los bienes comunes. Tampoco
creyeron en la posibilidad de que surgiera y se consolidara un nuevo
partido político, como es Libre (Libertad y Refundación), cuya candidata
presidencial, la ex Primera Dama, Xiomara Castro, lidera las encuesta
para las elecciones del 24 de noviembre próximo.
Sobre estos y muchos otros temas, Opera Mundi conversó con Victor
Meza, ex ministro del Interior y pieza clave de la delegación que
representó a Zelaya en la negociación post-golpe, es también director y
fundador del CEDOH (Centro de Documentación de Honduras). El año pasado,
el nombre de este intelectual prestado a la política apareció en unos
cables enviados por el entonces embajador estadounidense, Larry Palmer y
publicados por Wikileaks.
En ellos, el diplomático lo señalaba como informante de la embajada
estadounidense. Meza siempre ha rechazado esta versión, denunciando la
manipulación de los periódicos hondureños y el intento de
desprestigiarlo por señalar el involucramiento norteamericano en el
golpe.
Opera Mundi: ¿Cuál es la situación de Honduras cuatro años después del golpe de Estado?
Víctor Meza: La Honduras que tenemos hoy es la consecuencia directa
del golpe y es muy diferente de la Honduras pre golpe. Antes del 28 de
junio de 2009, el país tenía relativa estabilidad interna, con niveles
de seguridad alarmantes, pero todavía controlables, con índices de
crecimiento económico aceptables y con una deuda interna manejable.
La Honduras de hoy es exactamente lo contrario. El país está sumido
es su peor crisis de inseguridad, con una deuda interna inmanejable que
constituye el 43% de la deuda total, la cual ya ha alcanzado casi el 40%
del PIB (Producto Interno Bruto).
Es una Honduras en crisis de institucionalidad, con fuertes
conflictos sociales y a punto de desembocar en un proceso electoral que
va a ser el más complicado de los últimos 30 años.
OM: ¿Por qué va a ser el más complicado?
VM: Por varios factores. En primer lugar porque se produce en
condiciones post golpe, es decir en medio de una nueva polarización
político-social en el país. El enfrentamiento ya no va a ser entre los
viejos adversarios tradicionales de la política hondureña, sino entre
golpistas y anti golpistas. Además, el sistema bipartidista, que fue una
de las primeras víctimas institucionales del golpe, ha dejado de
existir. Hoy tenemos por lo menos tres partidos grandes disputándose el
poder y nueve partidos participantes, lo cual es algo absolutamente
nuevo en la historia contemporánea de Honduras.
Una cosa es cierta: las fuerzas de ultraderecha, concertadas entorno a
las élites conservadoras hondureñas que son, sin duda alguna, las más
conservadoras de América Latina, están pagando las consecuencias del
golpe. Están sumidas en un estado de verdadero pánico ante la
posibilidad de que el partido Libre, surgido de las entrañas de la
resistencia contra el golpe de Estado, pueda triunfar en las próximas
elecciones.
OM: ¿Si los efectos del golpe fueron tan negativos para estos sectores, ¿por qué cree que tomaron esta decisión?
VM: El golpe de Estado es el resultado del miedo de las élites
conservadoras ante una creciente dinámica de inclusión social de los
sectores más pobres. El proyecto que animaba al gobierno zelayista no
era un proyecto revolucionario, sino de elemental justicia social, que
inició a tomar forma sólo después de la mitad del período de gobierno.
La gran pregunta que nos hacíamos era cómo hacer incluyente un
sistema diseñado para ser excluyente. El gobierno estuvo buscando formas
de inclusión y de movilización social, y el proyecto de la Cuarta Urna
fue una de las expresiones de esta búsqueda. Queríamos que la gente
dejara de ser el tradicional objeto de los procesos electorales, sino
que participara y que comenzara a convertirse en un sujeto social, con
autonomía propia y con dinámicas sociales movilizadoras.
Eso provocó el miedo en estos sectores de la élite político-económica
del país, animada ideológicamente por el fundamentalismo religioso y
respaldada por militares herederos de la Guerra Fría y congelados en el
tiempo, que fingían ser subordinados ante las autoridades
democráticamente electas.
OM: ¿Cuáles son las características de estas élites?
VM: Son élites asustadizas, poco ilustradas y torpes, que recibían
con entusiasmo los consejos de grupos ultraderechistas de Washington,
particularmente del lobby de los sectores vinculados a los grupos de
exiliados cubanos de Miami y a los grupos de venezolanos antichavistas.
La combinación y la mezcla de estos elementos producen esa aberración
histórica que fue el golpe, generando las consecuencias ya mencionadas,
es decir la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de una tercera
fuerza política importante en el país.
Fueron tan idiotas que no se dieron cuenta que derrocando a un
gobierno constitucional generaban un nuevo escenario político, en donde
las nuevas dinámicas sociales se traducirían en nuevas opciones
políticas.
Creo que aún no han entendido lo que significó realmente el golpe, ni
el movimiento social que se generó y que sorprendió hasta el mismo
gabinete de Zelaya. Fue nuestro Mayo francés.
OM: Sin embargo, el sector financiero salió ganando con el golpe
VM: El sector financiero siempre sale ganando. Desde 1990, este
sector es el grupo económico más beneficiado de la economía hondureña.
Ese grupo nunca pierde, porque siempre le apuesta a los ganadores.
Durante el golpe fue el grupo que le prestó el dinero al gobierno de
facto de Micheletti. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares
diario y hoy este sector está cobrando con creces su dinero y sus
intereses. Es por eso que la deuda interna de Honduras se ha vuelto
inmanejable.
OM: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la crisis de seguridad que está viviendo Honduras?
VM: Es una combinación de factores. En primer lugar es una crisis
determinada por el crecimiento alarmante de las redes delincuenciales y
del crimen organizado en todo el país. Esto se traduce en penetración
institucional, fuerte debilitamiento de las mismas instituciones
estatales, incluyendo a las de seguridad, y en un peligroso proceso de
erosión y evaporación de la presencia del Estado.
Honduras, por su posición geográfica, tiene 3 fronteras terrestres y 9
marítimas, y está muy expuesta a la presencia del narcotráfico y el
crimen organizado, lo cual genera consecuencias muy graves en términos
de violencia. Además, la Policía hondureña permaneció 35 años como una
unidad subordinada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Es
hija del militarismo y, por lo tanto, tiene una profunda cultura militar
y un gran déficit de cultura policial.
Esto hace que sea una Policía fácilmente convertible en un órgano de
represión interna, siempre a la búsqueda de un enemigo para destruirlo y
no de un ciudadano para protegerlo.
Esta Policía, militarizada culturalmente y corrompida
institucionalmente, se convierte en una arma contra la ciudadanía y no
es auto reformable, sino que hay que reformarla desde afuera, con
voluntad política, valentía, decisión y conocimiento.
Si a eso le agregamos una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia en
proceso de contaminación política permanente, que las degrada y las
vuelve ineficientes y corruptas, el resultado es una crisis de seguridad
nunca antes vista.
OM: En varios sectores de la sociedad hay fuerte preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
VM: El militar está preparado para la guerra y educado para aniquilar
al enemigo, no para proteger al ciudadano. Por el contrario, el policía
debería estar preparado para evitar la muerte y proteger la vida de las
personas. Esto explica los altos niveles de virulencia y de brutalidad
con que la Policía reaccionó después del golpe contra la población. Ahí
vimos los policías actuar por lo que son: apéndices de los militares.
Es por eso que debemos acelerar el diseño de una reforma de la
Policía, para lograr una profesionalización que rompa, de una vez, la
cultura castrense, reemplazándola con una cultura comunitaria.
OM: ¿Por qué ha fallado la depuración de la Policía?
VM: Por varias razones. La depuración comenzó de abajo hacia arriba,
mientras debería ser lo contrario, es decir comenzar a depurar la cúpula
policial porque después va a ser más fácil depurar la base. Además, la
depuración fue concebida como un proceso muy largo, prolongado y lento,
recubierto de un manto de secretividad que lo volvió sospechoso y poco
creíble, quitándole legitimidad pública.
Tampoco fue parte de un proceso de reforma integral mucho más amplio,
que incluya un cambio radical del sistema de selección, nombramiento,
educación y promoción de los policías. Visto solamente como un
componente aislado, el proceso de depuración no va a poder impedir de
que haya un retroceso.
Es por eso que decimos que puede haber depuración sin reforma, pero nunca reforma sin depuración.
OM: ¿Quién gana al fracasar la depuración policial?
VM: Los primeros que ganan son los actores vinculados al crimen
organizado. Son grupos fácticos informales que operan en la sociedad
hondureña, que tienen influencia, que financian campañas políticas, que
controlan eslabones importantes de la economía y que influyen en el
sistema institucional y político de Honduras.
Son los primeros beneficiarios de la ausencia de una real política de
depuración y por lo tanto, son los que alimentan, estimulan y financian
la contrarreforma. En medio de esta situación hay que enfocar el tema
de la politización partidaria y sectaria de las instituciones. En la
medida que sigue este proceso, las instituciones son inútiles.
Tenemos un Estado paquidérmico, lento, contaminado, vulnerable, que
en lugar de caminar avanza casi arrastrándose, incapaz de enfrentar el
desafío de la inseguridad.
Hay que cambiar toda la estructura y el sistema, y no solamente
reaccionar ante la coyuntura aprobando nuevas medidas y nuevas leyes, o
cambiando personas. Es por eso que la consigna es la Asamblea Nacional
Constituyente, para refundar un Estado que está diseñado para no cambiar
y perpetuar el statu quo.
OM: ¿Qué rol está jugando Estados Unidos en Honduras?
VM: Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda y sus
prioridades en términos de seguridad. Por la importancia estratégica que
tiene nuestro país para Washington, frecuentemente la agenda de
Honduras queda supeditada a la de Estados Unidos, y muchas veces las
prioridades de los dos países no coinciden.
Los norteamericanos, por ejemplo, privilegian la formación de grupos
élites y de fuerzas de tarea, y ya hay unos 10 grupos dentro la fuerza
de seguridad hondureña controlados, dirigidos y estructurados por
Estados Unidos. Cuando Honduras pretende diseñar y poner en práctica una
agenda propia inevitablemente entra en choque con estas tendencias y
prioridades norteamericanas.
Además, durante los años 80, la política norteamericana dejó a
Honduras como un territorio poblado por habitantes y no un país poblado
por ciudadanos. La situación fue cambiando poco a poco a partir de los
años 90, pero el golpe le dio un impulso inesperado a este proceso y
generó una dinámica de vocación ciudadana como nunca antes visto. Esta
situación le preocupa a Estados Unidos.
Espero que tengan la capacidad de buscar y construir una relación
relativamente respetuosa con un posible gobierno de Xiomara Castro, así
como de cooperación más intensa a nivel económico.
La Honduras de hoy es consecuencia de la firma del Acuerdo
Tegucigalpa-San José Diálogo Guaymuras, que condujo a diversificar el
sistema político y a enterrar el viajo equilibrio en el país. Con una
dosis suficiente de pragmatismo, los norteamericanos tendrán que saber
negociar este proceso de construcción de un nuevo equilibrio, que supone
la aceptación de un tercer invitado en la mesa.
OM: ¿Qué elecciones van a ser las del 24 de noviembre?
VM: Elecciones difíciles y complicadas, con un sistema electoral
diseñado para dirimir la disputa entre dos fuerzas políticas iguales y
sin diferencias ideológicas, y con un aparato militar y de seguridad que
fue parte del golpe. Ahora la situación ha cambiado y este sistema
electoral no está preparado.
Siento que el pueblo es más despierto, más exigente, con demandas
sociales más consistentes. Hay como un deseo de expresarse en las urnas
para vengarse del golpe.
III
“Vamos a defender el voto en las urnas y en las calles”, dice Juan Barahona
El 4 aniversario del golpe de Estado que en 2009 derrocó al
presidente constitucional de Honduras, Manuela Zelaya Rosales, se
enmarca en una coyuntura electoral que, el próximo 24 de noviembre,
llevará a unos 5.3 millones de hondureños a las urnas para elegir el
futuro presidente de la República, 128 diputados y los alcaldes de los
298 municipios con que cuenta el país.
La profunda crisis político-económica y social derivada del golpe ha
sacudido y dividido la sociedad y las familias hondureñas. Juan
Barahona, actual subcoordinador del FNRP(Frente Nacional de Resistencia
Popular) y candidato a la vicepresidencia de la República por el partido
Libre (Libertad y Refundación), asegura a Opera Mundi que la mañana de
aquel 28 de junio de 2009 el pueblo se volcó a las calles de manera
espontánea, para luchar contra el quiebre del orden constitucional en el
país.
Según el también secretario general de Libre e histórico dirigente
sindical, nadie se esperaba que el FNRP pudiese organizarse y crecer
tanto a nivel nacional, dando vida, sólo tres años después, a un partido
cuya candidata, Xiomara Castro, encabeza todas las encuestas de
preferencia de voto.
Opera Mundi: Faltan cinco meses a las elecciones nacionales. ¿Cómo se
está preparando el partido Libre ante esta cita?
Juan Barahona: Somos un partido nuevo, que tiene poco más de un año de
vida, y ya contamos con estructuras en todos los municipios y
departamentos del país. Fuimos capaces de ir a elecciones primarias para
elegir a nuestros candidatos en vista de las elecciones nacionales de
noviembre.
Estamos creciendo y nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro,
está encabezando todas las últimas encuestas. Eso nos indica que tenemos
el apoyo y el respaldo de la mayoría del pueblo, porque hemos sabido
interpretar sus aspiraciones de cambio y presentar propuestas concretas.
OM: ¿Cuáles son los elementos que más caracterizan la propuesta política de Libre?
JB: Sin lugar a duda la propuesta de impulsar y gobernar con un modelo
diferente al modelo neoliberal, que históricamente concentra riqueza y
reproduce pobreza. Además, durante su discurso en la Asamblea Nacional
de Libre el 16 de junio pasado, Xiomara Castro ha dicho que quiere
promover un socialismo democrático, es decir avanzar hacia un cambio del
modelo capitalista.
Son propuestas que el pueblo está apoyando firmemente, no porque
somos un partido nuevo, sino porque tenemos propuestas concretas para
cambiar la situación económica, política, social y cultural de nuestro
país. Libre es una esperanza para el pueblo y una mayor responsabilidad
para quienes lleguemos a ocupar cargos de elección popular en el
gobierno y en la conducción del partido.
OM: ¿Cómo se va a cambiar un modelo que está hecho para mantener el statu quo y para que nada cambie?
JB: Nos es posible si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y
no aprobamos una nueva Constitución Política. Todo está legislado para
garantizar y legalizar los intereses de los oligarcas que han mantenido
el control del país, así que es necesario un proceso de refundación, que
rompa ese estado de concentración de poder y de recursos.
OM: No sería, entonces, suficiente ganar la Presidencia, sino tener también una mayoría en el Congreso.
JB: Estamos trabajando para tener una fuerza significativa en el
Congreso y para controlar un número importante de alcaldías. Solamente
de esta manera podremos generar cambios en las instituciones y poderes
del Estado, y en la sociedad en general.
OM: Tu trayectoria personal está marcada por una larga
historia de lucha sindical al lado de los trabajadores y trabajadoras.
¿Cuál es la propuesta de Libre en el ámbito laboral?
JB: Libre ha prometido respetar las conquistas de los trabajadores y
trabajadoras, que están reflejadas en la legislación laboral nacional y
los Convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como el
derecho de sindicación y de negociación colectiva. También ha prometido
derogar la Ley de Empleo Temporal, que cercena muchas de las conquistas
logradas en más de 50 años de lucha.
OM: Ya han pasado 4 años del golpe de Estado. En esos días
tan difíciles, ¿cuáles eran las expectativas y qué tanto se han hecho
realidad?
JB: En aquel momento estábamos en las calles, desafiando el estado de
sitio y la suspensión de los derechos constitucionales, luchando para
revertir el golpe y restituir al presidente Manuel Zelaya en la
Presidencia.
Aun así no dejamos ni un solo día de salir a las calles en todo el
país, Fue un desafío a todas estas medidas represivas de los golpistas,
sin pensar que íbamos a llegar a una situación de fuerza como la que
tenemos ahora. El FNRP está organizado en todo el país y ha dado paso a
la organización de una fuerza política que le está disputando el poder
al bipartidismo, que ha gobernado por más de cien años.
OM: Ya hay señales preocupantes en cuanto al aumento de la violencia
contra miembros del FNRP y de Libre. ¿Tiene temor de que la situación
pueda empeorar a medida que se acercan las elecciones?
JB: Desde el día del golpe de Estado hemos estado bajo una represión
salvaje, una violación sistemática de los derechos humanos y muchos
compañeros y compañeras han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados y
hasta asesinados de manera selectiva.
Un día antes de la celebración de nuestra Asamblea Nacional
asesinaron a Marvin José Rivera, un joven militante del partido Libre,
quien acababa de salir del lugar donde se estaba montando la estructura
para la actividad. El 24 de este mes fue secuestrado el periodista
Aníbal Barrow, quien estaba comprometido con la Resistencia, y todavía
no se sabe nada de él.
Creemos que, a medida que se acercan las elecciones, vamos a
enfrentarnos a una profundización de la represión, porque los golpistas
apuntan a meter miedo y generar terror, para que el pueblo retroceda y
deje de respaldar a nuestro partido.
Prueba de eso es el hecho de que el principal asesor del candidato
oficialista, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández,
es J.J. Rendón, el mismo que asesoró al candidato de la derecha
venezolana, Henrique Capriles, y que enfocó su campaña en la
confrontación, la violencia y el terror.
OM: ¿Se están preparando para defender el voto en las urnas?
JB: No solamente estamos preparándonos para defender el voto en las
urnas, sino también en las calles si pretenden robarnos el triunfo.
Asimismo, estamos preparándonos permanentemente para conservar nuestras
vidas, porque estamos en este proyecto político para cambiar la
situación en nuestro país, no para morir.
OM: ¿Cuáles son tus planes en caso de salir electo como Designado Presidencial el próximo 24 de noviembre?
JB: Actualmente soy secretario general de Libre y en la fórmula
presidencial de Xiomara Castro voy como primer Designado. Yo vengo de
los sectores sociales y populares y voy a representarlos en el marco de
un futuro gobierno. Mi responsabilidad va a ser seguir al lado de estos
sectores, que históricamente han sido abandonados y excluidos,
escuchando sus necesidades y demandas, y tratando de dar respuestas
concretas desde el gobierno.
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